sábado, 22 de agosto de 2015

CIDH defiende a grupos terroristas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado sistema interamericano de protección de derechos humanos. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA, es decir, español, inglés, portugués y francés. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado, puede adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea oficial. Las potencias (China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea) del G20 ninguna está afiliada a esta corte debido a su marcada tendencia a proteger a criminales, lo que ha favorecido el alto índice de criminalidad (principalmente el narcotráfico) en toda Latinoamérica y el debilitamiento de las fuerzas armadas. En estas últimas décadas el rol de la CIDH deja mucho que desear, pues ha apoyado juicios contra gobiernos democráticos fomentados por los brazos políticos de los grupos terroristas: FARC de Colombia, Sendero Luminoso y el MRTA de Perú, el ETA en España y Francia. Así como ha defendido famosos narcotraficantes contra las fuerzas armadas de diferentes países sudamericanos y europeos. Aquí los casos más sonados.
ETA vs. España y Francia. Entre 1970 y 1980. El ETA denunció ante a la CIDH a los gobiernos de España y Francia por violar sus derechos humanos. Lo irónico es que la CIDH le dio la razón al ETA, sin embargo España y Francia no aceptaron el fallo de la CIDH, más bien realizaron una acción coordinada para acabar con el brazo político del ETA y paralelamente desmantelar su maquinaria bélica de este grupo terrorista.  La crisis económica europea ha hecho que los rezagos del ETA fomenten la independencia de algunos estados en España y Francia. 
Falsa masacre de Mapiripán, Colombia, la campesina Mariela Contreras se presenta en Octubre de 2011 ante el Tribunal Superior de Bogotá para confesar que ella ni siquiera vivía en Mapiripán y que ni su marido ni sus hijos fueron víctimas en esa matanza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado colombiano por la muerte de su esposo y la desaparición forzada de dos de sus hijos en esa incursión paramilitar de 1997. Mariela Contreras se presentó al tribunal con uno de sus hijos, Hugo, uno de los supuestos desaparecidos. Allí aseguró que su compañero, Gustavo Caicedo, no murió en los hechos de Mapiripán. Fue asesinado por terroristas antes de la toma de julio de 1997. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía asegura que, como este, ha documentado al menos tres casos más en los que el Estado colombiano fue condenado y pagó reparación por muertes que en realidad nunca ocurrieron. Hay siete más en investigación. Por este montaje se están realizando las investigaciones a las ONG’s (ligadas a las FARC) involucradas en la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Falsos ajusticiamientos extrajudiciales en el Perú, la CIDH ordena enjuiciar nuevamente a los comandos del exitoso rescate de la Operación Chavín de Huántar, donde fallecieron dos comandos y un rehén, en medio del fuego cruzado y las explosiones. En base al testimonio del ex rehén japonés Hidetaka Ogura que estuvo de amores con una de sus captoras del MRTA. Oguara admira al Che Guevara y Fidel Castro, de ahí su malestar con el gobierno de Fujimori. Mientras que el resto de los rehenes sobrevivientes confirma que no hubo ningún ajusticiamiento extrajudicial y que más bien fueron víctimas de las amenazas de los terroristas. Lo mismo sucede con el caso Barrios Altos y la Cantuta, que según informes desclasificados de la CIA y el Pentagono, eran células terroristas que habían matado turistas norteamericanos y que planeaban ataques terroristas a la embajada de Estados Unidos en Perú. Las izquierdistas ONG’s Aprodeh, Coordinadora de Derechos Humanos e IDL protegen y defienden a los grupos terroristas (Sendero y el MRTA), por eso han logrado que los últimos  gobiernos peruanos (Paniagua, Toledo y García) indemnicen a los grupos terroristas. Cuando son los grupos terroristas son los que han violado los derechos humanos de nosotros los civiles. Esperemos que las potencias dejen de financiar a la CIDH por apoyar y/o proteger criminales o en su defecto, que los grupos terroristas indemnicen al pueblo peruano por sus masacres y actos terroristas cometidos.

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