domingo, 20 de julio de 2014

Perú: ¡Regionalización fracaso!

Un total de 19 presidentes regionales del país debe afrontar graves acusaciones por presuntos actos de corrupción de funcionarios, según un informe periodístico del diario La República. Esta cifra significa que la mayoría de titulares de región está involucrado en este tipo de procesos, teniendo en cuenta que en todo el país hay 25 presidentes regionales. Así, los titulares de las regiones de Áncash, Tumbes, Pasco, Cusco y Junín son los que acumulan la mayoría de investigaciones fiscales o procesos judiciales, “debido principalmente a licitaciones amañadas, obras públicas sin concluir o pagos no autorizados”, refiere el citado diario. En ese sentido, destaca el caso del Gobierno Regional de Ayacucho, que tiene el récord de casos de corrupción de funcionarios: 260 en total. La lista de presidentes regionales involucrados en estos casos la encabeza el hoy preso titular ancashino, César Álvarez, quien afronta 26 procesos: 22 en la Fiscalía y 4 en el Poder Judicial. “Áncash es una de las regiones más ricas del país, por el alto monto de recursos públicos que maneja, pero también es el ámbito con el mayor registro de notorios casos de corrupción”, sentenció La República.
En 15 años de Regionalización esta ha servido para fomentar la corrupción, aumento de la burocracia (duplicidad de funciones), ya que estas mismas funciones antes la hacían los alcaldes provinciales. Se ha producido un incremento desmedido de la burocracia regional, ya que en cada una de las veintiséis regiones  hay un promedio de ciento cincuenta personas a su servicio sin considerar los beneficios de toda naturaleza que perciben anualmente. En muchas regiones los gastos e inversiones no llegan ni al 30 por ciento. Sin embargo los gobiernos regionales trasladan esa responsabilidad al gobierno central. Ni logran la satisfacción de las necesidades del pueblo que los eligió. Los gobiernos regionales fomentan los nacionalismos regionales, fraccionando al Perú, la conformación de autonomías que han permitido apreciar en los últimos años voluntades separatistas como los planteados en Iquitos y en Puno. Algunos hablan de la Nación Quechua, Nación Aymara y otras.  Más de un gobierno regional ha emitido normas que han ido en contra de las que elabora el gobierno nacional, en esos casos, el Tribunal Constitucional se ha visto en la necesidad de corregir estas pretensiones de desconocimiento de los niveles de jerarquía y responsabilidad. Lo grave de todo esto es que se hace de modo adrede. También se dan los casos frecuentes en los que frente a la precariedad de legitimidad del presidente regional, la negociación el gobierno lo tiene que hacer con supuestas autoridades de facto que han constituido los llamados Frentes de Defensa. Este mecanismo de presión es el que genera la violencia en las calles y condiciona cualquier negociación a lo que son sus intereses. En cuanto a la responsabilidad fiscalizadora del Congreso, no existe la posibilidad de fiscalizar a los presidentes regionales, puesto que la Constitución no ha incluido dentro de la función fiscalizadora del Congreso a los gobiernos regionales. De modo, que cuando un presidente regional es convocado queda en su potestad el asistir o no, como en más de una oportunidad lo ha mostrado el presidente de la región Ancash, que llegó a pedir que mejor cierren el Congreso.

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