sábado, 21 de junio de 2014

Argentina vs. Fondos de Cobertura

La batalla de Argentina con los inversionistas que rechazaron sus propuestas para canjear deuda podría empujar a la tercera mayor economía de América Latina a una cesación de pagos, que arruinaría sus intentos de volver a los mercados de crédito pero no tendría los devastadores efectos del default del 2001-2002. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no atender una apelación de Argentina a la decisión de un tribunal menor, que le ordenó pagar en la totalidad de lo adeudado a fondos de cobertura que rehusaron participar en 2005 y 2010 del canje de deuda incumplida por 100,000 millones de dólares. Ahora que el riesgo de un incumplimiento aumentó, Argentina debe negociar un acuerdo con los fondos a los que llama “buitres” o encontrar un camino para eludir los fallos judiciales, que le impedirían pagar a los inversionistas que reestructuraron sus deudas si no logra un trato para cancelar las obligaciones con los llamados ‘holdouts’. El ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos "pone a la Argentina entre la espada y la pared", ya que si el país "no paga (a los fondos buitre) entra en default, que algunos llaman técnico". "El resultado no era el esperado: agarró al mercado por sorpresa, ya que se apostaba a que Argentina iba a tener tiempo para negociar y la decisión de la Corte estadounidense pone al país entre la espada y la pared", dijo Kiguel en diálogo con la agencia DyN, citada por medios locales. Evaluó que el rechazo del tribunal estadounidense a la apelación argentina contra los holdouts plantea "una situación muy difícil en materia financiera y política, ya que si Argentina no paga entra en default, que algunos llaman técnico. Las razones del default, no serían las típicas, por incapacidad o falta de pago, sino por cuestiones legales". 
Todo se remonta a 1994 cuando el gobierno de Argentina, en manos de Carlos Saúl Menem, realizó una emisión de bonos con inversores internacionales conforme a la Fiscal Agency Agreement (FAA).  Es decir, unos títulos que se emitían bajo la jurisdicción estadounidense y que, además, establecía la llamada cláusula pari passu. Es decir, en todo momento todos los bonistas serían tratados bajo las mismas condiciones. Y esa es la cláusula que trae ahora a los argentinos de cabeza. Los problemas llegaron cuando el país se vio obligado a declararse en default, es decir, a no pagar a sus acreedores en 2001 bajo la presidencia de Alfonso Rodríguez. Sin embargo lo peor llegaría para Argentina casi sin darse cuenta. Una serie de prestamistas de Fondos de Cobertura, llamados Buitre, compraron un año después una parte de ese bono impagado. En 2002 adquirieron título con un gran descuento por unos 48 millones de dólares –la cifra la dio la presidenta Cristina Fernández Kirchner hace unos días. En esos momentos los bonistas no habían llegado a ningún acuerdo de reestructuración con los bonistas. Todos los gobiernos intentaron negociar canjes con los bonistas, pero no sería hasta 2005 cuando se produjo el primer acuerdo con los bonistas. En ese momento, se negoció la reestructuración de 81.000 millones de dólares (76% de los inversores) con una quita de más de un 70%.  En 2010 se llega a un acuerdo de canje con una quita del 66% con algunos inversores más, pero no con los Fondos de Cobertura. 
El economista Luis Secco, director de la consultora Perspectiv@s Económicas también coincide en que se produciría una default técnico en caso del no pago del juicio. Además, fue más allá, y afirmó que la Argentina deberá ahora que negociar con todos los tenedores de deuda en default, que sumarían no US$1.500 sino una suma 10 veces mayor. Tras el rechazo de la Corte Suprema, la causa vuelve al juez de primera instancia, Thomas Griesa, que podría obligar a la Argentina a pagar los US$1.500 millones el 30 de junio próximo, el mismo día en el que bono Discount. Si la Argentina no paga a los fondos buitres, la Justicia podría embargar esos fondos, lo que se registraría un riesgo de impago.

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